Audiencia Provincial Madrid, Sentencia 23 Marzo 2022

Por regla general, la circulación de trenes y su ocupación por los viajeros no constituye una actividad de riesgo para los usuarios, de tal forma que exija la adopción de unas medidas de seguridad y vigilancia tan amplias que impidan la comisión de delitos en el interior de instalaciones y coches. (Audiencia Provincial Madrid, Sentencia 136/2022, 23 Mar. Recurso 588/2021)

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En este caso, Doña Julia sufrió lesiones al caerse al suelo a consecuencia de un frenazo brusco del tren en el que viajaba. Por ese motivo ejercita frente a Renfe una acción indemnizatoria por los daños sufridos.

Doña Julia vio estimada su pretensión en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid no estimó la acción de responsabilidad civil ejercitada frente a Renfe, a la que absuelve del pago de la indemnización reclamada al no poderle ser imputadas las lesiones producidas.

La situación que generaron los daños fue producida porque dos individuos con pasamontañas subieron al vagón de tren donde viajaba Doña Julia y comenzaron a golpear las puertas. Ella, amedrentada por esta situación, se trasladó hasta la cabeza del convoy, y debido probablemente a que dichos individuos accionaron los frenos de emergencia, el tren frenó bruscamente, cayendo Doña Julia al suelo, golpeándose la espalda, el costado y se fracturó la muñeca derecha.

La Sentencia apunta la viajera lesionada no ha acreditado que el resultado dañoso sea causalmente imputable a una acción u omisión de Renfe.

Por el contrario, considera que las lesiones sufridas son imputables exclusivamente y de manera causal a la actuación de los desconocidos que procedieron de manera tan incívica y delictiva.

Debido a que esos individuos accionaron los frenos de emergencia, el tren frenó bruscamente, cayendo la viajera al suelo con fatal desenlace.

La Sala concluye que la circulación de trenes y su ocupación por los viajeros no constituye una actividad creadora de riesgo para los usuarios que exija la adopción de unas medidas de seguridad y vigilancia tan amplias que impidan la comisión de delitos en el interior de instalaciones y coches.

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Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 12 Julio 2022

El Tribunal Supremo acaba de unificar doctrina al entender que restringir ese permiso en los casos en los que la madre no desarrolla ninguna actividad productiva (y que, por tanto, puede encargarse del cuidado del niñ@), supone un peligro para que se perpetúen roles tradicionales que pueden ser opuestos a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 646/2022, 12 Jul. Rec. 1367/2019)

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El Alto Tribunal declara que los hombres tienen derecho al permiso de lactancia, aunque la madre del menor desempeñe trabajo retribuido. El TS entiende que se trata de un derecho que pertenece, de forma originaria, a la persona que trabaja; además el permiso se configura como "un derecho individual" y su reconocimiento no se condiciona a las circunstancias del otro progenitor.

El permiso surge si el progenitor presta actividad laboral y ha existido nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, y una vez que el derecho se ha desvinculado de la condición biológica de la mujer, carece de sentido atender a la situación en que se encuentre el otro progenitor que no activa el disfrute del permiso.

Es irrelevante, jurídicamente hablando, cuál sea el sexo de quien lo disfruta pues, siendo la finalidad la de favorecer la corresponsabilidad en las tareas familiares.

Los requisitos para el disfrute del permiso por lactancia se encuentran legalmente tasados y no cabe una interpretación expansiva. Cumplidas las exigencias para que el derecho surja (hijo menor de 9 meses, según el mínimo legal, y de un año en la mejora que introduce el convenio, y la existencia de vínculo entre la persona trabajadora y el lactante, con independencia del sexo de la primera), no es posible requerir otro requisito adicional. Por ello, el Alto Tribunal rechaza la pretensión de la empresa de que el disfrute del derecho se posponga hasta la fecha en que se haya completado el periodo de suspensión de dieciséis semanas, pues con ello se introduce una condición no prevista por la norma legal que, en la práctica, acortaría el periodo de disfrute del permiso al retrasar su inicio.

Además, esta conclusión es la que resulta más acorde con la doctrina del TJUE que trata de proteger el derecho del trabajador padre del menor a no ser discriminado"por razón de sus circunstancias personales o familiares" (art. 14 Constitución Española) en relación con su responsabilidad parental en la asistencia de todo orden a sus hijos menores de edad.

En definitiva, la efectiva consecuencia de la corresponsabilidad en las tareas familiares hace necesaria una interpretación favorable al ejercicio indistinto del derecho y para cumplir con el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres, facilitando que los hombres hagan uso de los derechos de conciliación de la vida familiar.

Por ese motivo, el retraso en el inicio del ejercicio del permiso que postula la empresa resulta lesivo para la efectividad del derecho constitucional, y no es admisible en Derecho.

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª) de 15 de julio de 2022. Ponente: María Esperanza Sánchez de la Vega

Antecedentes

Se presentó recurso por el D. Diego contra la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia.

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Se solicita una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración por cuantía de 36.325,20 €.

La Resolución Judicial en Primera Instancia (Sentencia)

D. Diego circulaba el día 6 de mayo de 2017, a las 10:35 horas, por la carretera RM-502, dirección casco urbano de Totana (Murcia), cuando al llegar a la altura de la Rotonda del «Rulo», perdió el control de la bicicleta como consecuencia de un socavón existente en la calzada, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra el asfalto.

D. Diego alega que el accidente se debió a la mala conservación de la vía, llevándose a cabo la reparación de la misma a principios del mes de junio de 2017.

D. Diego aporta un informe médico en el que se valoran los distintos conceptos que componen la reclamación de indemnización, que alcanza la suma total de 36.325,20 €.

La resolución judicial impugnada desestima la reclamación formulada por D. Diego, al no constar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público1.

La Resolución Judicial en Segunda Instancia (Sentencia)

El Tribunal Superior de Justicia viene a recordar que, como ha señalado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, en la Sentencia de 3 de mayo de 2011, la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere, conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC:

1. La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

2. Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

3. Ausencia de fuerza mayor.

4. Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Existen problemas en la constatación del examen de la relación de causalidad, inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual. En este sentido, laSala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la Sentencia de 27 de octubre de 1998 que el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar en consideración que:

• Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.

• No son admisibles otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso.

• La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor, a los cuales hay que añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de esta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

• Para finalizar, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración.

En la sentencia recurrida no se discute, ni la producción del accidente, ni la fecha ni el lugar en que ocurrió; igualmente, está admitido por ambas partes que existía un socavón en la zona de carretera (de 10 cm. de profundidad) en que se produjo dicho accidente.

De toda la prueba practicada en relación a la mecánica del accidente, la Sala llega a la conclusión de que, si bien el socavón existente en la carretera pudo influir en el mismo, no fue esta la única causa. Así, entendemos también hubo una cierta actuación negligente por parte del recurrente, en el momento de acceder a la rotonda; en efecto, su acceso debía realizarse a una velocidad escasa, respetando la señal vertical de ceda el paso existente.

La Sala entiende que las condiciones del lugar del accidente (rotonda) y el respeto de la señalización aludida por parte del actor habría minimizado el riesgo de accidente, así como la gravedad del mismo.

En efecto, teniendo en cuenta lo afirmado por el testigo, el Sr. Juan (que frecuentemente transita por esa rotonda) que el paso se debe hacer a una velocidadreducida (de no más de 10 o 15 km/hora), la existencia de esas irregularidades en la vía habrían podido ser apreciadas con tiempo suficiente por el actor, sorteadas y quizá, las habría podido evitar; o, en caso de no haber sido posible evitarlas, por algún motivo (descuido, falta de reacción rápida...), probablemente el accidente no habría sido de la magnitud como el que se produjo.

La Sala entiende que el accidente no se produjo exclusivamente por el estado defectuoso de la carretera, influyendo también la propia conducta del conductor de la bicicleta (el actor), que se colocó en una clara situación de riesgo, ya que circulaba a una velocidad inadecuada en la zona de aproximación e incorporación a una rotonda, siendo esta una actitud negligente que hace que se concluya que concurre culpa del recurrente en la producción del accidente.

En efecto, si se parte de que había buena visibilidad y la calzada estaba limpia y seca, lo que ocurrió fue que, al llegar D. Diego a esa rotonda, no adecuó su velocidad al lugar y a las maniobras de circulación requeridas legal y reglamentariamente en este tipo de instalaciones viales y que por lo demás aconsejan una prudente y responsable circulación. El accidente podría haberse evitado si el actor hubiera circulado en esos escasos metros previos al ceda el paso, a una velocidad mínima de circulación para respetar la rotonda y su ceda el paso; o, de no haberse podido evitar, pese a ello, las consecuencias habrían sido menos graves que las que se produjeron.

La Sala considera que hay un 50 % de culpa por parte de D. Diego, por lo que, aceptando su valoración de los daños producidos, justificados debidamente en los correspondientes informes médicos, la indemnización a percibir se fija en la mitad de la cantidad reclamada, lo que supone la suma total de 18.162,6 €.

De esta forma se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

Resultado Práctico

Se trata de un supuesto de concurrencia de culpas al 50% entre la Administración y el perjudicado, si el accidente sufrido por este último no se produjo exclusivamente por el estado defectuoso de la carretera, sino que influyó también la propia conducta del conductor de la bicicleta, que se colocó en una clara situación de riesgo, ya que circulaba a una velocidad inadecuada en la zona de aproximación e incorporación a una rotonda, siendo esta una actitud negligente.

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